Communities speak out against the Escobal mine: we are still here, we are still in resistance

"In the face of a storm, some animals go underground and bury their heads. But eagles fly above the storm. We need to be like the eagles...with this storm upon us, we choose to rise higher, knowing that our struggle is one that has value and dignity." Teresa Muñoz, San Jose la Sierra

On March 1, 2015, Teresa Muñoz addressed hundreds of people in the town square in Nueva Santa Rosa to reiterate one seemingly simple but overwhelmingly complex reality: "We are still here. We are still in resistance."

She was joined by dozens others in loudly stating their ongoing opposition to the Escobal silver mine operating in the nearby municipality of San Rafael las Flores, in southeastern Guatemala. Recent statements by the U.S.-Canadian mining company Tahoe Resources that opposition to its Escobal project has disappeared did not resonate with locals who had gathered to hear the stories of those repressed and criminalized during the 2013 state of siege aimed at quelling dissent.

Teresa, who confirmed continued resistance in the face of fear, was joined by more than a dozen others in recounting the negative impacts of mining, pointing to the family divisions, criminalization, and remilitarization that have taken place following the arrival of the transnational mining company to the area.

In May 2013, Teresa fled from her home in the community of San Jose la Sierra and walked more than 70 kilometers to Guatemala City. She ran from the Guatemalan military who had come to her community to arrest her during the state of siege enacted by the government of Otto Peréz Molina in the neighboring municipalities of Mataquescuintla, San Rafael las Flores, Casillas and Jalapa.

Teresa sits in front of her home in San Jose la Sierra.

Although the pretext for the siege was to combat narco-trafficking in the area, Teresa and many others who had spoken out against the presence of the mine found they were on a list for arrest. Some went into hiding while others went to prison, and after seven months, a Guatemalan court dismissed all charges for lack of merit. People returned home to find the subsistence crops they had planted months prior were ruined, cows recently purchased were starving, and newborn babies they had left had grown dramatically.

Together with other members of the Diocesan Committee in Defense of Nature (CODIDENA), Teresa spoke about the real impacts criminalization has had in her life and the life of her community. But while the U.S. and Canadian Embassies back up Tahoe's claim that opposition is no longer a reality in the area, Teresa affirms: "The face of the resistance may have changed slightly, but we're still here and we will always be while God continues to grant us life."

A young community member from Volcancito speaks about the need she felt - alongside dozens of others - to leave school in protest after the teacher accepted gifts from the mine. Community members point to the deception tactics the company uses to try to quell local opposition, gifting school bags, corn, fertilizers and other items in an attempt to show popular support for the mine.

Artemio speaks about his experiences being shot by private security outside the mine on April 27, 2013. A criminal case is currently being processed against Alberto Rotondo, the former head of security who allegedly ordered security to open fire on peaceful protestors. Artemio, alongside at least 6 others, were shot. Tahoe Resources is also currently facing a civil lawsuit in Canada for violence at the mine. #TahoeOnTrial

Roberto, former president of the Xinca Parliament, speaks about his experiences being criminalized and attacked for resisting the Tahoe mine. Roberto was kidnapped in 2013 alongside three other leaders of the Xinca Parliament while returning from a community consultation in Volcancito. One of the men kidnapped, Exaltación Marcos Ucelo, was murdered while Roberto and the other two eventually escaped.

Demanda en contra de Tahoe Resources – señal de alerta para inversionistas y canadienses

Fuente: Alerta Minera Canadá - Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA) - Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala

18 de junio de 2014

(Ottawa/Tatamagouche/Guatemala) Se presentó hoy día una demanda civil en Vancouver contra Tahoe Resources por negligencia y agresión en relación a un tiroteo en el proyecto argentífero de la empresa en Guatemala, lo que transmite un claro mensaje a inversionistas y a la población canadiense en general.

Victimas y sus abogados en Guatemala. Photo: Giles Clarke

Siete víctimas de un tiroteo que habría sido encargado por el ex jefe de seguridad de la empresa Tahoe Resources, Alberto Rotondo, han enjuiciado a la empresa por daños punitivos. Rotondo es un antiguo oficial de marina peruano ligado a proceso en Guatemala con cargos relacionados al ataque de mayo del 2013. La demanda canadiense representa uno de los muchos abusos vinculados al único proyecto de Tahoe, el cual se precipitó a la producción en enero del 2014 a pesar de la elevada oposición de las comunidades.

El desarrollo del proyecto argentífero Escobal de la empresa Tahoe Resources, en el suroriente de Guatemala, se ha caracterizado por violencia y represión.

“La represión de dirigentes comunitarios involucrados en la organización de consultas locales y manifestaciones pacíficas en contra de la mina de Tahoe se remonta al 2011. Alrededor de 90 personas han sido acosadas mediante persecuciones legales espurias, y en mayo del 2013 se declaró estado de sitio en la zona lindera a la mina, creando así un ambiente de temor e intimidación para acabar con la oposición local”, indica Ellen Moore de la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA por sus siglas en inglés).

Decenas de miles de personas han votado en contra de la minería en San Rafael Las Flores, donde Tahoe opera en la actualidad, y en los municipios lindantes donde la empresa espera llevar a cabo mayor exploración.

La abrumadora oposición se basa en preocupaciones por los impactos actuales y futuros de las operaciones de Tahoe en las fuentes acuíferas locales, al igual que en la salud de la comunidad y en actividades agrícolas. La mina de Tahoe se ubica a tan sólo 2 kilómetros del parque central en San Rafael Las Flores y a escasos metros de viviendas y ganado.

“La empresa tiene una historia turbulenta en Guatemala, lo que debería preocupar a la población canadiense y a los inversionistas”, observa Jackie McVicar de la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala. “Tahoe Resources surgió de la empresa Goldcorp de Vancouver, cuya mina Marlin en las sierras del noroccidente de Guatemala ha sido fuente de conflictividad y de constantes violaciones a los derechos indígenas y humanos en la última década.”

Goldcorp mantiene una participación del 40% en Tahoe Resources, y seis de los ocho miembros de la junta directiva de esta última están o estuvieron vinculados al gigante de la minería aurífera. La mayor parte de los canadienses también invierten en Tahoe Resources a través del Fondo de Pensiones de Canadá, cuyas acciones llegaron a un valor de CAD $49 millones el 31 de marzo del 2014.

Cabe resaltar que, al enfrentarse a demandas por parte de guatemaltecos/as, la empresa canadiense HudBay Minerals terminó vendiendo su proyecto de níquel Fénix a una firma rusa a un cuarto del precio que había pagado. Las tres demandas por el asesinato a mano armada del dirigente de derechos a la tierra, la violación colectiva de 11 mujeres maya q’eqchi’ y la parálisis de un hombre joven causada por arma de fuego siguen su curso en las cortes de Ontario.

“Los abusos por los que se enjuicia a Tahoe son la punta del iceberg en términos de las flagrantes violaciones vinculadas a las operaciones mineras canadienses en Guatemala y en toda la región”, observa Jen Moore, de Alerta Minera Canadá. “Esta demanda debería sonar la alarma a la población canadiense indicando un problema mucho más profundo con esta industria que las autoridades canadienses promueven incondicionalmente en el extranjero”.

Contactos:

Ellen Moore, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), (011) 502 4141 1187, ellen(arroba)nisgua.org 
Jackie McVicar, Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala, (902) 324-2584 btsguatemala(arroba)gmail.com
Jen Moore, Alerta Minera Canadá, (613) 569-3439, jen(arroba)miningwatch.ca 



ANTECEDENTES

El proyecto argentífero Escobal, de la empresa Tahoe Resources, se ubica en el municipio de San Rafael Las Flores en el suroriente de Guatemala. Ha sido objeto de oposición local y continuos procesos legales en contra de la validez de la licencia de explotación. Dirigentes comunitarios han sido reprimidos, criminalizados y violentados debido a su promoción de los procesos de consulta comunitaria. A pesar del conflicto – o quizás a causa de éste – Tahoe se precipitó a comenzar operaciones en la mina, incluso antes de establecer reservas minerales confiables. Según la empresa, la mina subterránea comenzó a operar en enero del 2014.

La mina de Tahoe carece de licencia social.

• Hasta la fecha, se han llevado a cabo 14 consultas en las que decenas de miles de personas en los seis municipios más cercanos al proyecto votaron en contra de la mina Escobal, debido a sus preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales actuales y futuros.

El proyecto Escobal ha llevado a violencia y criminalización.

• Alberto Rotondo, ex jefe de seguridad de la empresa y antiguo oficial militar de Perú, se encuentra en prisión a la espera de juicio por haber presuntamente ordenado a los guardias de seguridad abrir fuego contra manifestantes en frente de la mina el 27 de abril del 2013. Siete víctimas de este ataque presentaron en Columbia Británica una demanda civil contra Tahoe Resources por negligencia en relación al incidente.

• El gobierno de Guatemala decretó el estado de sitio por un mes luego del tiroteo del 27 de abril del 2013 en municipios en que el voto en contra de la mina había sido abrumador.

• En junio del 2012, Tahoe presentó una demanda contra el gobierno de Guatemala, exigiéndole cumplir un rol más activo en la protección de la mina. La corte de Guatemala desestimó la demanda en febrero del 2013, unos pocos meses antes de imponerse el estado de sitio.

• Desde septiembre del 2012, más de 90 personas han sido sindicadas con cargos criminales infundados, debiendo soportar las dificultades y pesadumbre de los procesos legales que esto implica. Algunas de ellas tuvieron que pasar meses en la cárcel antes de quedar absueltas de todo cargo.

Los entes regulatorios guatemaltecos otorgaron a Tahoe la licencia de explotación sin antes conocer los recursos presentados por pobladores, poniendo en tela de juicio la validez de la licencia.

• Poco antes de otorgarle a Tahoe la licencia de explotación el 3 de abril del 2013, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala desestimó y dejó sin resolver unos 250 recursos presentados por pobladores.

• En julio del 2013 los querellantes presentaron un amparo por la desestimación de uno de los recursos, el cual fue otorgado, poniendo en duda la validez de la licencia. Se espera que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emita en breve la decisión final.

Debido a sus estrechos vínculos con Goldcorp, Tahoe conoce los riesgos de proseguir sin el consentimiento de la comunidad y con un proyecto que ya ha llevado a violencia y represión.

• Goldcorp mantiene una participación del 40% en Tahoe Resources.

• Seis de los ocho miembros de la junta directiva de la empresa son o han sido ejecutivos en Goldcorp, incluyendo al fundador y presidente de Tahoe, Kevin McArthur, que fue presidente de Glamis Gold y de Goldcorp hasta el 2008.

• La mina Marlin de Goldcorp en Guatemala también comenzó a operar en medio de oposición y represión generalizadas. Como resultado, ha sido objeto de repetidas declaraciones internacionales en materia de derechos humanos urgiendo la suspensión de la mina, e indicando preocupaciones por los impactos en la salud de la comunidad, en el ambiente, y por el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas mayas del alrededor.

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió recientemente un caso por violaciones a los derechos indígenas y humanos en la mina Marlin.

Tahoe Resources Inc. es una empresa de exploración y desarrollo argentífero, que cotiza en la bolsa de valores de Toronto y de Nueva York, con oficinas en Vancouver, Columbia Británica, Canadá y Reno, Nevada, EEUU. Escobal es su único proyecto.

Lawsuit Against Tahoe Resources a Wake Up Call for Investors and Canadians

Source:  MiningWatch Canada - Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) - Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network  

June 18, 2014

(Ottawa/Tatamagouche/Guatemala City) A civil lawsuit filed today in Vancouver against Tahoe Resources for negligence and battery in connection with a shooting at the company’s silver project in Guatemala sends a strong message to investors and all Canadians.

Victims and legal team in Guatemala. Photo: Giles Clarke

Seven victims of a shooting allegedly ordered by Tahoe Resources’ former head of security, Alberto Rotondo, are suing the company for punitive damages. Rotondo is an ex-naval officer from Peru who was indicted in Guatemala on charges related to this attack in May 2013. The Canadian lawsuit represents one of numerous abuses in connection with Tahoe's only asset, which was rushed into production in January 2014 despite strong community opposition.

Violence and repression has marked the development of Tahoe Resources’ Escobal silver project in southeast Guatemala.

“Repression against community leaders involved in organizing local referenda and peaceful protests in opposition to Tahoe’s mine dates back to 2011. Some 90 individuals have faced spurious legal persecution and, in May 2013, a military state of siege was declared in the area surrounding the mine creating a climate of fear and intimidation in order to quash local opposition,” observes Ellen Moore for the Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA).

Tens of thousands have voted against mining in San Rafael Las Flores, where Tahoe currently operates, and in the immediately surrounding municipalities where the company hopes to carry out further exploration.

The widespread opposition is motivated by concerns over the current and future impacts of Tahoe’s operations on local water supplies, as well as community health and agricultural activities. Tahoe’s mine is only two kilometres from the central park in San Rafael Las Flores and mere metres from homes and livestock. 

“This is a company with a troubled history in Guatemala, which should be a cause of concern to Canadians and all investors,” remarks Jackie McVicar from the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network. “Tahoe Resources is a spin-off company from Vancouver-based Goldcorp, whose Marlin mine in Guatemala’s northwestern highlands has been a source of strife and ongoing Indigenous and human rights violations during the last decade.”

Goldcorp holds 40% of the shares in Tahoe Resources and six of the company’s eight Directors have past or current ties to the gold mining mammoth. Most Canadians are also invested in Tahoe Resources through the Canada Pension Plan, which reported holding CAD $49 million in shares as of March 31, 2014. 

Notably, when Guatemalans sued another Canadian mining company, HudBay Minerals, the company ended up selling off its Fénix nickel project to a Russian firm at a quarter of the price for which it had purchased it. The three lawsuits for the shooting murder of a land rights activist, gang rape of 11 Maya Q’eqchi’ women and shooting paralysis of a young man are ongoing in Ontario courts.

“The abuses for which Tahoe is being sued are just the tip of the iceberg in terms of rampant violations in connection with Canadian mining operations in Guatemala and across the region,” comments Jen Moore for MiningWatch Canada. “This lawsuit should alert Canadians to a much deeper problem with this industry that Canadian authorities are unconditionally promoting abroad.”

Contacts:

Ellen Moore, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), (011) 502 4141 1187, ellen(at)nisgua.org 
Jackie McVicar, Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, (902) 324-2584 btsguatemala(at)gmail.com
Jen Moore, MiningWatch Canada, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca 


BACKGROUND

Tahoe Resources’ Escobal silver project in the municipality of San Rafael Las Flores, southeastern Guatemala, is the subject of local opposition and ongoing legal processes against the validity of the exploitation licence. Community leaders have faced repression, criminalization and violence for their efforts to promote community consultation processes. Despite the conflict – or perhaps because of it – Tahoe has rushed to put the mine into operation even before establishing reliable mineral reserves. It reportedly brought its underground mine into operation in January 2014.

Tahoe lacks a social licence for the mine.

• To date, fourteen referenda have been held in which tens of thousands of people in the six municipalities closest to the project have voted against the Escobal mine given their concerns over current and potential environmental and social impacts.

The Escobal project has led to violence and criminalization.

• The company’s former security manager, an ex-military officer from Peru, Alberto Rotondo, is currently under arrest awaiting trial for allegedly ordering security guards to fire at protesters outside the mine on April 27, 2013. Seven victims of this attack are now bringing a civil lawsuit in British Columbia against Tahoe Resources for negligence and battery in connection with this incident.

• The Guatemalan government imposed a military state of emergency for a month after the shooting on April 27, 2013 in municipalities where people overwhelmingly voted against mining.

• In June 2012, Tahoe sued the Guatemalan government, demanding that it do more to protect the mine. A Guatemalan court dismissed the lawsuit in February 2013, mere months before the military siege was imposed.

• Since September 2012, some 90 people have been slapped with unfounded criminal charges and have had to endure legal processes causing them distress and hardship. Several spent months in jail before being cleared of all charges.

Guatemalan regulators failed to address residents’ complaints prior to granting Tahoe’s exploitation licence, putting the licence in doubt.

• The Guatemalan Ministry of Energy and Mines dismissed some 250 formal community complaints without a proper hearing shortly before granting Tahoe's exploitation licence on April 3, 2013.

• In July 2013, the plaintiffs appealed the dismissal of a complaint and won, putting the validity of the licence in doubt. A final decision from Guatemala's Constitutional Court is expected soon.

Given its close relationship to Goldcorp, Tahoe knows better than to proceed without community consent and when its project has already given rise to violence and repression.

• Goldcorp holds 40% of Tahoe's shares.

• Six of eight of Tahoe’s Directors are current or former Goldcorp executives, including Tahoe founder and CEO, Kevin McArthur, who was CEO of Glamis Gold and Goldcorp until 2008.

• Goldcorp’s Marlin mine in Guatemala was also put into operation in the midst of widespread opposition and repression. As a result, it has been the subject of repeat international human rights declarations calling for suspension of the mine and raising concern over impacts on community health, the environment and right to self-determination of neighbouring Maya Indigenous communities.

• The Inter American Commission on Human Rights recently admitted a case against Indigenous and human rights violations at the Marlin mine.

Tahoe Resources Inc. is a silver exploration and development company that lists on the Toronto and New York stock exchanges, with offices in Vancouver, British Columbia, Canada and Reno, Nevada, USA. Escobal is its only project.

Organizaciones internacionales exigen justicia ante ataque armado en contra de líderes comunitarios opuestos a la mina Escobal de Tahoe Resources

Merilyn Topacio Reynoso Pacheco, 1997 -2014 (Foto: Danilo Zuleta)

Han pasado dos semanas desde el ataque mortal contra Alex y Topacio Reynoso, lideres comunitarios de Mataquescuintla, Jalapa, quienes estuvieron oponiéndose activamente a la mina El Escobal de Tahoe Resources en el sureste de Guatemala. Murió Topacio, quien tenía solo 16 años, y fue gravemente herido su papa, quien sigue bajo cuidado intensivo en el hospital. NISGUA está en solidaridad con la familia Reynoso y los miles de familias más pidiendo el derecho a la libre determinación, quienes han sufrido una intensificación de violencia, represión y criminalización desde la llegada de la empresa minera Tahoe Resources, de capital estadounidense y canadiense. 

 

Miles de familiares, amigos y vecinos honraron a Topacio, 15 de abril en Mataquescuintla.
(Foto: latribunadelpatojo)

Estudiantes y amigos hicieron banderas para llevar durante la procesión funeraria. (Foto: latribunadelpatojo)

Hoy NISGUA, junta con 35 organizaciones internacionales más, entregó una carta abierta a las autoridades Guatemaltecas denunciando el ataque y pidiendo justicia. Versión en ingles aquí.

Dra. Claudia Paz y Paz Bailey

Fiscal General de la República de Guatemala

1 de mayo del 2014

Re: Ataque armado en contra de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero de Tahoe Resources

Estimada Doctora Claudia Paz y Paz Bailey,

Las organizaciones abajo firmantes estamos muy preocupados ante las noticias del ataque del 13 de abril en contra de Edwin Alexander Reynoso y su hija de 16 años, Merilyn Topacio Reynoso Pacheco. Rechazamos este ataque violento y exigimos que el Ministerio Publico realice una investigación completa e imparcial para asegurar que los responsables sean juzgados. También pedimos que la investigación sea trasladado de la Fiscalía Distrital de Jalapa a la Fiscalía de Delitos Contra Defensores de Derechos Humanos.

Merilyn Topacio Reynoso fue asesinada en el ataque, y Alex Reynoso sigue bajo cuidado intensivo en el hospital después de sufrir cuatro heridas de bala en el pecho y el estómago. Padre e hija son activistas de la Resistencia Pacifica en Defensa de los Recursos Naturales de Mataquescuintla, Jalapa, lo cual se ha organizado en contra de la mina Escobal de Tahoe Resources, ubicada en San Rafael las Flores. Goldcorp mantiene 40% de las acciones de Tahoe Resources, la cual opera el proyecto Escobal a nivel local mediante su filial, Minera San Rafael.

La familia Reynoso ha estado al frente de la lucha regional por la defensa del derecho al consentimiento previo, libre e informado, la auto-determinación, y los derechos humanos, que se organizó ante la llegada de Tahoe Resources a los departamentos sureste de Jalapa y Santa Rosa en 2010. Topacio fue una lideresa del movimiento juvenil de Mataquescuintla en contra de la minería y una defensora de derechos humanos muy conocida y activa. Su padre, Alex Reynoso, es un líder comunitario muy reconocido por su trabajo en la consulta comunitaria y como representante de la Resistencia Pacifica en Defensa de los Recursos Naturales de Mataquescuintla.

En Noviembre 2012, la municipalidad de Mataquescuintla celebró la primera consulta municipal en el departamento de Jalapa, sumándose a otras tres municipalidades en Santa Rosa que han expresado un rotundo “no” a la minería en su territorio. En diciembre del 2013, la Corte de Constitucionalidad dictó en favor de la consulta en Mataquescuintla, reconociendo la responsabilidad de las autoridades municipales en convocar esas consultas y tomar decisiones según sus resultados, afirmando su valor como "medios adecuados para que los pueblos puedan ejercer su derecho a dar su opinión y ser consultados sobre temas de interés." Hasta la fecha, se han realizado 14 consultas comunitarias en los municipios, las ciudades y las aldeas alrededores del proyecto.

A seis kilómetros del proyecto Escobal, los residentes de Mataquescuintla siguen opuestos al proyecto de Tahoe. Pero, en vez de respeto para su derecho a la auto-determinación y a decir no a este proyecto, han sufridas varias actas de violencia, intimidación y represión:

• Desde 2011, han sido acusados, sin fundamento legal, más de 100 personas involucradas en la resistencia a la mina.
• Entre marzo y mayo del 2013, en dos ocasiones, la policía desalojó violentamente el campamento pacifico, legítimo y legal radicado fuera de la mina
• En abril del 2013, las fuerzas de seguridad privada de Tahoe atacaron seis manifestantes pacificas fuera de la mina; uno fue gravemente herido. El ex jefe de seguridad de Tahoe Resources, Alberto Rotondo, sigue bajo arresto domiciliario mientras se espere la apertura del juicio en su contra, por supuestamente haber ordenado el ataque, y por lesiones y la obstrucción de justicia.
• En mayo 2013, Presidente Otto Pérez Molina declaró un estado de sitio en cuatro municipalidades alrededor del proyecto de Tahoe, inclusive en Mataquescuintla.

Estamos muy preocupados por la violencia y la persecución en contra de los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios quienes están opuestos a la mina de Tahoe. Está sumamente importante que el crimen que terminó en el asesinato de Topacio Reynoso y las lesiones de que ahora sufre Alex Reynoso no sigue en la impunidad. Exigimos una investigación completa e imparcial por la Fiscalía de Delitos Contra Defensores de Derechos Humanos para asegurar que haya justicia, y para prevenir más violencia en la región. También pedimos que la investigación sea trasladado de la Fiscalía Distrital de Jalapa a la Fiscalía de Delitos Contra Defensores de Derechos Humanos. Tenemos entendido que Alex Reynoso está recibiendo protección policíaca mientras se recupere del ataque. Exigimos que el Ministro de Gobernación siga trabajando en conjunto con el Procurador de Derechos Humanos para asegurar la seguridad de Alex Reynoso y de su familia.

Muchas de nuestras organizaciones han tenido enlaces y/o compromisos profundos por varios años con los grupos opuestos a la mina de Tahoe Resources, y recientemente, muchas de ellas han visitado a las comunidades afectadas para reunirse con líderes locales y defensores de derechos humanos. Reconocemos que este tipo de violencia, la cual ocurre con preocupante frecuencia en y alrededor de las minas que hay en Guatemala, es también un grave problema global. Muchas de las organizaciones abajo firmantes están actualmente participando en una campaña llamada “Abierta para la Justicia,” para exigir legislación que garantice el acceso a la justicia en las cortes canadienses para las personas afectados por las operaciones mineras internacionales de las empresas Canadienses.

Le agradecemos su atención a esta solicitud y esperamos su apreciada respuesta.

Organizaciones firmantes:

Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN) – Canada

Café Justicia Ottawa Education in Action – Canadá

Center for Alternative Mining Development Policy, La Crosse, Wisconsin - USA

The Center for International Environmental Law (CIEL) - USA

The Chicago Religious Leadership Network on Latin America  - USA

Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) – Québec 

Conference of Major Superiors of Men – USA

Denver Justice & Peace Committee - USA

Environmental Network for Central America (ENCA) – United Kingdom

Guatemala Human Rights Commission (GHRC) – USA

Guatemala Partnership Committee, Congregational Church of Needham - USA

Guatemala Solidarity Network – United Kingdom

Guatemalan Working Group of the Ontario Public Interest Research Group (OPIRG), McMaster University, Hamilton, Ontario - Canada

Heart of the Sky Fair Trade - USA

Inter Pares – Canada

Justice, Peace & Integrity of Creation Office of the Sisters of Providence of St. Vincent de Paul - Kingston, Ontario - Canada

KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives - Canada

Kickapoo Guatemala Accompaniment Project - USA

La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid - Spain

Maquila Solidarity Network (MSN) – Canada

Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network – Canada

Mining Injustice Solidarity Network, Toronto, Ontario – Canada

Mining Justice Action Committee, Victoria, British Columbia – Canada

Mining Justice Alliance, Vancouver, Coast Salish Territories – Canada

MiningWatch Canada

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) - USA

New Hampshire-Vermont Guatemala Accompaniment Project (NH-VT G.A.P.) - USA

Oxfam America

Partners for Arlington and Guatemala, Arlington, VA - USA

The Peace and Justice Committee of First Churches, Northampton, MA - USA

Peace Watch Switzerland (PWS)

Projet Accompagnement Québec-Guatemala – Québec

SalvAide – Canada

Social Justice Connection – Québec

SOAW – LA - USA

SOA Watch - USA

St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America - USA

University of Northern British Columbia (UNBC) Guatemala Research Group – Canada

cc:

Erick Archila Dehesa

Ministro del Ministerio de Energía y Minas

Ing. Fernando Castellanos

Director General de la Minería, Ministerio de Energía y Minas

Mauricio López Bonilla

Ministerio de Gobernación

Michelle Melisa Martínez Kelly

Ministra del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Deputy Political-Economic Counselor, William Ayala

Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Oficial de Asuntos Políticos, Norman Galimba 

Embajada de Canadá en Guatemala

Embajador Stuart Savage

Embajada de Canadá en Guatemala

Oficial de Asuntos Políticos Colleen Pigeon

‘On the Road for Justice’ Speaking Tour to Bring Attention to Guatemala Mining Conflict, Need for Remedy in Canada

(Ottawa) How is it that when community leaders wrongfully targeted in the wake of violence connected with Tahoe Resources’ Escobal silver mine in Guatemala they spend months in jail, while the company’s former head of security, accused of ordering guards to open fire on protesters last April, is first given house arrest and then allowed to avoid prison by arguing that he is sick?

This is just one of the stark asymmetries in the current conflict between the Toronto-listed mining firm and communities in southeastern Guatemala, where repression and violence have been the outcome of efforts to install the project without social support.

More than half of the communities in the municipality of San Rafael las Flores, where the Escobal project is located, have declared opposition to the mine. In neighbouring municipalities, in the departments of Santa Rosa and Jalapa, the majority of the population has voted against the mine in municipal referenda.



Nonetheless, Tahoe Resources reported in January that the Escobal mine is operational, claiming that “unanticipated social issues have been addressed.” According to local reports, the only thing that Tahoe Resources seems to have resolved is how to mine despite ongoing conflict in Guatemala, where the company and its principal investor, Goldcorp, wield considerable political and economic influence.

This conflict brings to the forefront the need for the Canadian government to facilitate access to justice for abuses committed abroad. The tour of a group of Guatemalans to include stops in Ontario, Quebec, and British Columbia will link to the Canadian Network for Corporate Accountability’s Open for Justice campaign. The CNCA campaign calls for laws to allow access to Canadian courts for people who have been harmed by the international operations of Canadian companies. It also calls for the creation of an extractive-sector Ombuds office in Canada mandated to investigate accusations of abuses and make recommendations to the government and the companies involved.

To provide a first hand community account of the situation around the Escobal mine, lawyer Rafael Maldonado from the Guatemalan Centre for Environmental, Social, and Legal Action (CALAS) will visit Ottawa, Toronto and Montreal to talk about the current state of Canadian mining conflicts in Guatemala.

Mr. Maldonado has defended numerous community members who have been criminalized for their opposition to the Tahoe project and represents plaintiffs in the case against Alberto Rotondo, who is facing charges for aggravated assault against six community members. Mr. Maldonado also represents communities in a case of industrial contamination against the mine.

Mr. Oscar Morales will join Mr. Maldonado in Toronto and then travel to Kingston, Peterborough and Vancouver. Mr. Morales is Coordinator of the Committee in Defense of Life and Peace in San Rafael Las Flores, as well as a community advocate and agronomist who is deeply concerned about the environmental and social impacts of Tahoe's mine. He has worked to support the six men shot by mine security in April 2013 and has been an advocate for the community consultations that have taken place throughout Santa Rosa.

Ms. Celeste Gutierrez from the Diocesan Committee in Defense of Nature (CODIDENA) from Santa Rosa will also participate in the events in Toronto and then travel to the Maritimes. Ms. Gutierrez will speak on CODIDENA's work to educate communities on the impacts of mining projects, her experiences organizing community consultations in Santa Rosa and the risks for human rights defenders in Guatemala.

For more information or to arrange interviews with the delegation:

• Jen Moore, Latin America Program Coordinator, MiningWatch Canada, (613) 569-3439, jen(at)miningwatch.ca

This speaking tour would not be possible without the support and hard work of the Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) at Osgoode Hall Law School, the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS), and the Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA).

Public events:

OTTAWA


Tues Mar 18th from 6:30-8pm


25One Community, 2nd Floor, 251 Bank St


Organized by Octopus Books, MiningWatch Canada, CNCA, the Public Service Alliance of Canada Social Justice Fund, Education in Action and the Americas Policy Group

TORONTO


Thurs Mar 20th from 7-9pm


Koffler House, Room 108, University of Toronto, 569 Spadina Crescent


Organized by the Mining Injustice Solidarity Network (MISN), BTS, NISGUA and friends

HALIFAX


Sun Mar 23rd at 10:30am


Edgewood Oxford United Church, 3055 Connaught Ave.


Organized by the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network

KINGSTON


Mon Mar 24th from 1:30-3pm


Providence Motherhouse Auditorium, 1200 Princess St (across from the Peach Tree Inn)


Organized by the Justice, Peace & Integrity of Creation Office of the Sisters of Providence of St. Vincent de Paul

PETERBOROUGH


Mon Mar 24th from 6:30-8:30pm


Sadleir House, 751 George St. N.


with a short film screening and Q&A to follow


Organized by Canadians for Mining Awareness

MONTREAL


Mon Mar 24th from 6:30-9pm


Salle D-R200, UQAM (1430, rue Saint-Denis)


with Alain Deneault, author of 'Canada: A New Tax Haven'


Organized by the Projet Accompagnement Québec Guatemala and the Social Justice Committee of Montreal

TATAMAGOUCHE


Mon Mar 24th at 7pm


Event at the Tatamagouche Centre, Tatamagouche, Nova Scotia


Organized by the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network



ANTIGONISH


Tues Mar 25th at 7pm


Room 150, Coady International Institute


Organized by the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network



VANCOUVER


Wed Mar 26th from 5:15-8pm


CAWP Room 2916, Forest Science Centre, University of British Columbia


with a screening of "Gold Fever"


Organized by the Forestry Graduate Students Association at UBC

FREDERICTON


Wed Mar 26th at 5:30pm
James Dunn Hall, room TBA, St. Thomas University


Organized by the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network

VANCOUVER


Sat Mar 29th from 7-9pm


Two Nations, One Struggle


Grandview Calvary Baptist Church, 1803 East 1st Ave


with Marilyn Baptiste, council of Xeni Gwet'in, Tŝilhqot’in Nation


Organized by Cafe Rebelde, with support from Amnesty International, the Mining Justice Alliance, the Canada-Philippines Solidarity for Human Rights and Streams of Justice

Find a one page backgrounder here.

Indigenous organizations denounce proposed mining moratorium

In a televised program broadcast from outside Tahoe Resources’ conflictive Escobal mine project, President Otto Pérez Molina announced a proposed two-year moratorium on the granting of new mineral mining licenses. A similar moratorium put in place under the Colom presidency was lifted under the Molina administration, allowing for the issuance of roughly 100 exploration and exploitation licenses during the last year and a half. The President and Minister of Energy and Mines, Erick Archila, took care in assuring the public and Tahoe executives in particular, that the decision would not impact the Escobal project, approved for mineral exploitation in April of 2013.

He also explained that the purpose of the moratorium is to allow the government to pass reforms to the 1997 Mining Law. In a groundbreaking legal action filed in July 2012, this same law was denounced by the Western Peoples Council (CPO) as unconstitutional, as it fails to fulfill national and international mandates that require the State to consult with indigenous people regarding policies that will significantly impact their territories. In March, 2013, more than eight months after the action was filed, Guatemala's highest court upheld the Mining Law, rejecting the CPO appeal.

Indigenous and campesino organizations denounced the latest moratorium as a political show intended to calm widespread resistance to harmful mining projects, while pushing through reforms that do nothing to address the real issues including the lack of respect for communities' right to consultation on projects that impact their lives, livelihoods and territories.

Read NISGUA's translation of the declaration from the Western Peoples' Council and the Departmental Assembly of Huehuetenango below. See the original Spanish version here. 

THE ORIGINAL PEOPLES HAVE NEVER ASKED FOR A MORATORIUM; A DEMOCRATIC PRESIDENT SHOULD BE CONSISTENT WITH THE RESULTS OF THE GOOD FAITH COMMUNITY CONSULTATIONS

The announcement of the President of the Republic of Guatemala to present a law initiative to the Congress of the Republic to decree “a two year moratorium on the granting of additional licenses for mineral mining” in the country, while starting the debate for a new Mining Law in the legislative branch, is neither novel nor substantive for the Original Peoples of Guatemala. The current president’s predecessor, Mr. Alvaro Colom Caballeros, had already put this into practice.

To bring back a moratorium on the granting of mining licenses is more evidence of the hasty and improvised attitude of the current government in lifting the moratorium previously in place.

Furthermore, after the Original Peoples presented a legal action of unconstitutionality against the current Mining Law, the Executive Branch carried out two desperate actions: a) the suspension of the moratorium put in place by the previous president, and b) the presentation of a new initiative to reform the Mining Law.

The suspension of the first moratorium brought the massive granting of un-consulted licenses for mining in indigenous territories, while the Mining Law reform initiative demonstrates the lack of patriotic interest in protecting national sovereignty. This Machiavellian initiative makes clear that the  recently announced proposed moratorium would be repealed in the case of reforms to Mining Law Decree 48-97, or if a new law is created.

The moratorium law initiative - “suspension of the granting of licenses” - will not immediately go into effect as it must be read in the plenary, sent to the Commission of Energy and Mines for analysis and then sent back to Congress for discussion.

This initiative is a “smoke screen and a total show” that seeks to placate community resistance and conflicts as a result of the imposition of the mining model in the country. This proposal is contradictory because during the last year and a half the Executive has granted roughly 100 mineral mining licenses.

The people have not asked for a moratorium on community consultations; the people have demanded that the government respect the decisions of the good-faith community consultations that have overwhelmingly rejected this model of death disguised as mining activity.

Guatemala does not need to plunder the country in order to generate its own development. Mining activity is not the only alternative nor is it a priority for an integral development model.

Huehuetenango, July 2013

DEPARTMENTAL ASSEMBLY OF HUEHUETENANGO  -ADH-

MEMBERS OF THE WESTERN PEOPLES' COUNCIL  -CPO- 

Communities of Santa Rosa and Jalapa denounce criminalization of leaders opposing Tahoe Resources' Escobal mine

Since the May 2 declaration of a state of siege in four municipalities surrounding Tahoe Resources' mine, 12 members of the Committee in Defense of Life and Peace of San Rafael had their homes raided by police and military forces, five community members have been arrested and charged, and at least 18 more have pending arrest warrants against them.

During the last year, there have been more than 70 legal processes against individuals peacefully opposing Tahoe's Escobal mine. Many of those singled out have participated in the Committee in Defense of Life and Peace and have been leaders in the organization of the 12 community consultations carried out in the region since 2011. In each of the consultations, the population voted overwhelmingly against mining projects in their territory.

Criminalization continued during the May state of siege when Judge Carol Patricia Flores, who attempted to annul the historic genocide trial before the Constituional Court did so officially on May 20, issued at least 18 arrest warrants in a legal process filled with anomalies. Among the five arrested was Guillermo Carrera, community leader and member of the Committee in Defense of Life and Peace. After almost two months in prison, a judge in Jalapa has only just been assigned to hear Carrera's case. All of the accused are implicated in crimes related to the robbery of mine explosives in November 2012 and the detention of police officers in Santa Maria Xalapán in April 2013.

Supporter calls for due process at the peaceful protest outside the Public Prosecutor's office. A photo of Guillermo Carrera, unjustly imprisoned for almost 2 months, hangs around his neck. (Photo: NISGUA)

President of the Xinca Parliament, Roberto González, and prominent leader of the Committee for the Defense of Life and Peace of San Rafael las Flores, Rudy Pivaral, are among those with arrest warrants pending. González was one of the Xinca leaders kidnapped after leaving a community consultation on the Tahoe project in March, 2013. Rudy Pivaral has been instrumental is the organization of the eight consultations to date in the municipality of San Rafael las Flores.

On June 19, the Campesino Unity Committee (CUC) and the Xinca Parliament filed an appeal against High Risk Court “A” judge, Carol Patricia Flores. The legal action denounced the loss of the court audio, considered to be critical pretrial evidence. According to Sergio Beltetón, legal counsel for CUC, “It is a violation of the Penal Process, which requires that all judicial hearings be electronically recorded... the judge's excuse is that the audio was lost, and that it wasn't recorded on a CD or a hard drive on the computer.” 

Today, families, friends and supporters of the criminalized and jailed gathered outside Guatemala's Public Prosecutor's office to demand an end to criminalization and respect for due process. NISGUA joins our Guatemalan partners in denouncing the persecution of community and indigenous leaders legitimately defending their territory, self-determination and the right to live in a healthy environment. 

Rudy Pivaral's mother calls for due process in the case against her son. (Photo: NISGUA)

Despite the ongoing persecution of mine opposition, important steps have been made in the search for justice for victims of the violent attack carried out against peaceful protesters outside the mine site on April 27. Two Tahoe Resources employees have been arrested and charged in connection to the attack against community members in which six men were seriously injured. Former Tahoe head of security, Alberto Rotondo, and security advisor Juan Pablo Oliva Trejo are under house arrest awaiting trial.

NISGUA has been accompanying the consultation processes in the communities surrounding the Tahoe Resources mine site since 2011. 

Criminal case against Alberto Rotondo, security manager for Tahoe Resources, moves forward in Guatemalan courts

On Friday June 7, Alberto Rotondo, former security manager for Tahoe Resources, was summoned to appear for the second time in a Guatemalan court. During the first hearing on May 7, Rotondo was charged with assault and obstruction of justice in connection to the April 27 attack outside Tahoe's Escobal project in which mine security opened fire on community members, seriously injuring six.  The purpose of the hearing was to formally register the six victims as co-plaintiffs in the case.

Co-plaintiffs and their lawyers at the second hearing in the case against Alberto Rotondo.
Barbarena, Santa Rosa, June 7, 2013 (Photo: Giles Clarke)

Alberto Rotondo (center) and his legal team at the defense table. Barbarena,
Santa Rosa, June 7, 2013 (Photo: Karla Solórzano)

In early May, Juan Pablo Oliva Trejo, former Tahoe employee and security advisor to Rotondo, was also arrested, and on May 15 was charged with concealing evidence in connection to the April incident. While Rotondo and Oliva Trejo are said to no longer work for Tahoe Resources, both were employees when the alleged crimes took place. Wire tap evidence collected by Guatemala's Public Prosecutor is believed to implicate Rotondo and Oliva Trejo in the crimes and both are currently under house arrest.

Despite repeated claims by Tahoe Resources and Guatemalan officials that only non-lethal rubber bullets were used to disperse the protesters, the injuries suggest otherwise. One victim explained to NISGUA staff that while the wounds he suffered from the rubber bullets have faded, the injuries caused by live ammunition have yet to fully heal. The photos below were taken more than a month after the attack.

Two victims of the April 27 attack. Barbarena, Santa Rosa June 7, 2013 (Photo: Giles Clarke)

Since Rotondo was captured on April 30, Tahoe Resources spokespeople, including head of investor relations Ira Gostin and CEO Kevin McArthur have made misleading statements in an attempt to downplay the seriousness of the incidents and the charges filed against Tahoe employees. See Tahoe's May 1 press release.

As a result, on May 31 the Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) submitted a complaint to the Ontario Securities Commission regarding Tahoe Resources’ poor disclosure about violence in connection with the company’s only mine project. In its June 4 press response, Tahoe failed to reply to the specific concerns expressed in the complaint, including the ongoing criminal investigation of former Tahoe employees in connection with the escalating and persistent violence around the mine site.

While the state of siege declared in four municipalities around the Escobal mine is officially over, the tension and fear it produced remains palpable, especially for those who continue to peacefully resist the project. The April 27 attack was carried out just steps away from the non-violent encampment erected to demonstrate the community's ongoing opposition to the project. Below, one of the men shot in the April attack holds up the banner previously used to mark the entrance to the protest site.

"Communities in Peaceful Resistance: El Escobal. The Defense our Territories is our Right"
San Rafael las Flores, Santa Rosa, June 9 (Photo: Giles Clarke)

Despite twelve community consultations to date in Santa Rosa and Jalapa rejecting mining in their territories, on April 3 the Ministry of Energy and Mines approved the exploitation license for Tahoe Resources' Escobal project. With commercial production of silver expected to begin in early 2014, community members remain concerned about the social and environmental impacts of the massive project, located alarmingly close to homes, crops and livestock.

Horses and cows graze in the shadow of the Escobal mine.
Los Planes, Santa Rosa, June 9  (Photo: Giles Clarke)

Looking down on Escobal mine and town of
San Rafael las Flores, June 9 (Photo: Giles Clarke)

International solidarity with the communities of Santa Rosa and Jalapa continues defending their right to consultation and self determination. Today NISGUA and Breaking the Silence presented President Otto Pérez Molina with an open letter signed by thirty organizations calling for the revocation of Tahoe's exploitation license. The letter outlines numerous concerns, including "the lack of consultation, broad local opposition to the project, the irregularities in the approval process, the pending criminal investigation against Minera San Rafael for industrial contamination, and the context of violence, intimidation and criminalization against human rights and environmental defenders." Read the full letter on our website.

For further background on Tahoe's dangerous investment, see our May 8 Investor Alert here.

NISGUA has been accompanying the consultation processes in the communities surrounding the Tahoe Resources mine site since 2011.