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| Graham Hunt |
Después de la captura del militar retirado General Héctor López Fuentes el viernes pasado, ayer una audiencia ligó formalmente el ex-Jefe Mayor del Ejército al proceso judicial para los crímenes de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada. Hoy representantes de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), una organización de sobrevivientes del genocidio, compartieron el comunicado abajo juntos con su asesoría legal Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
PARA LA JUSTICIA GUATEMALTECA
PARA LA JUSTICIA GUATEMALTECA
Juzgar el genocidio y garantizar que no se repita.
Después de 28 años de impunidad en los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante el conflicto armado interno en contra del pueblo maya, la Jueza Carol Patricia Flores deja ligado a proceso a uno de los autores intelectuales del genocidio, el general Mario López Fuentes, quien fungió como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, del 23 de marzo del 82 al 21 de octubre del 83, en el gobierno de Efraín Ríos Montt.
En el año 2001, las víctimas sobrevivientes del genocidio interpusieron una querella contra el alto mando militar de 1982-1983 integrado por el Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, el Ministro de la Defensa General, Oscar Humberto Mejía Víctores y el General Héctor Mario López Fuentes. Después de casi diez años, el Ministerio Público ha culminado con la investigación de dicho caso y solicita la orden de captura de uno de los implicados, dándose exitosamente y quedando éste ligado a un proceso judicial.
Manifestamos nuestra complacencia por este hecho que demuestra que en Guatemala se ha logrado crear condiciones para juzgar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, entre otras, existen funcionarios públicos que no se dejan intimidar por estructuras ligadas a dichos crímenes que pretenden que los mismos queden en la impunidad, asimismo las instituciones encargadas de la persecución penal tienen la voluntad de actuar. Esperamos que el resto del proceso continúe con actuaciones como estas que fortalecen el estado de derecho en nuestro país.
Para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, este hecho representa una esperanza que anima a continuar en la lucha por la verdad y la justicia. Significa una oportunidad histórica para el sistema de justicia guatemalteco que puede romper con la impunidad y demostrarle al mundo entero que somos un país que cumple con su legislación y la normativa internacional en materia de derechos humanos.
La justicia es el pilar fundamental que garantiza la no repetición de los hechos violentos. Ahí radica la urgente necesidad de aplicar la justicia, no solo para los crímenes del pasado, sino también del presente. Nuestro presente es el claro ejemplo de lo que pasa cuando las estructuras que operaron en el pasado no se desmantelan y por el contrario afianzan su operar.
Hoy, Guatemala dio un paso adelante en un caso emblemático para el país, demandamos que el Estado responda apegado a derecho a la solicitud de justicia. El Estado tiene esa deuda con las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Exhortamos a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que padecieron las graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno a continuar rompiendo el silencio, a decir la verdad de lo ocurrido, construir nuestra memoria colectiva y exigir JUSTICIA.
En el año 2001, las víctimas sobrevivientes del genocidio interpusieron una querella contra el alto mando militar de 1982-1983 integrado por el Jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, el Ministro de la Defensa General, Oscar Humberto Mejía Víctores y el General Héctor Mario López Fuentes. Después de casi diez años, el Ministerio Público ha culminado con la investigación de dicho caso y solicita la orden de captura de uno de los implicados, dándose exitosamente y quedando éste ligado a un proceso judicial.
Manifestamos nuestra complacencia por este hecho que demuestra que en Guatemala se ha logrado crear condiciones para juzgar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, entre otras, existen funcionarios públicos que no se dejan intimidar por estructuras ligadas a dichos crímenes que pretenden que los mismos queden en la impunidad, asimismo las instituciones encargadas de la persecución penal tienen la voluntad de actuar. Esperamos que el resto del proceso continúe con actuaciones como estas que fortalecen el estado de derecho en nuestro país.
Para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, este hecho representa una esperanza que anima a continuar en la lucha por la verdad y la justicia. Significa una oportunidad histórica para el sistema de justicia guatemalteco que puede romper con la impunidad y demostrarle al mundo entero que somos un país que cumple con su legislación y la normativa internacional en materia de derechos humanos.
La justicia es el pilar fundamental que garantiza la no repetición de los hechos violentos. Ahí radica la urgente necesidad de aplicar la justicia, no solo para los crímenes del pasado, sino también del presente. Nuestro presente es el claro ejemplo de lo que pasa cuando las estructuras que operaron en el pasado no se desmantelan y por el contrario afianzan su operar.
Hoy, Guatemala dio un paso adelante en un caso emblemático para el país, demandamos que el Estado responda apegado a derecho a la solicitud de justicia. El Estado tiene esa deuda con las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno. Exhortamos a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que padecieron las graves violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno a continuar rompiendo el silencio, a decir la verdad de lo ocurrido, construir nuestra memoria colectiva y exigir JUSTICIA.
Guatemala, 21 de junio de 2011.
Asociación para la Justicia y Reconciliación – AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH
Asociación para la Justicia y Reconciliación – AJR
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH
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