(Ottawa/Ciudad de Guatemala) El martes pasado, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil notificó al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (calas) su aceptación del recurso relacionado con la licencia de producción de Tahoe Resources para el proyecto Escobal de esta empresa.
El pasado mes de mayo, Quelvin Jiménez, del Parlamento Xinka, presentó una apelación con el apoyo legal de calas, en la que alegaba la falta de proceso debido en torno a una queja que había interpuesto en contra de la licencia de la empresa, antes de que la misma fuese concedida el 3 de abril de 2013. El Parlamento xinca, el Comité en Defensa de la Vida y la Paz San Rafael Las Flores y el Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa respaldaron el proceso de apelación.
La Corte de Apelaciones dictaminó a favor de Jiménez, ordenando al Ministerio de Energía y Minas que atendiera adecuadamente su queja, basada en la preocupación existente respecto a los impactos negativos que la mina de plata de Tahoe, actualmente en construcción, tendría en los recursos de agua del área de Escobal, cercana a este proyecto.
Rafael Maldonado, abogado de calas, comentó: “Es una sentencia histórica a favor de los derechos de los guatemaltecos. Esta decisión significa la suspensión de la licencia de explotación de Tahoe Resources, lo cual evitará que la empresa ponga la mina en operación.”
Desde noviembre de 2011, Jiménez y más de 200 habitantes de las comunidades afectadas presentaron objeciones formales frente a la solicitud de licencia que Tahoe realizara al Ministerio de Energía y Minas. Menos de una hora antes de que el Ministerio anunciara que había otorgado la licencia a Tahoe, Jiménez y las demás personas fueron notificados de que sus objeciones habían sido desestimadas.
Jiménez considera que la decisión más reciente constituye una señal de esperanza para las comunidades afectadas, en las que las tensiones se habían agudizado durante los últimos meses. Durante una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado miércoles, Jiménez comentó, “Lo único que la mina de Escobal está produciendo actualmente es conflicto en el área.”
La mina Escobal de Tahoe Resources ha estado sumergida en controversias, debido a la significativa oposición comunitaria y al surgimiento de brotes de violencia, el más reciente de los cuales fue vinculado a personal de la empresa. El gerente de Seguridad de la mina, Alberto Rotondo, se encuentra bajo arresto domiciliario hasta la realización del juicio en torno a su supuesta participación en los tiroteos del 27 de abril contra las personas que protestaban en las afueras de la mina, los cuales dejaron a seis personas heridas.
Hasta 2010, Goldcorp era propietaria de la mina de plata Escobal y, actualmente, retiene 40% de las acciones comunes de Tahoe Resources. La mayoría de los directivos de Tahoe tiene vínculos actuales o anteriores con la productora de oro Goldcorp, cuya mina Marlin, localizada en el noroeste de Guatemala, ha sido el motivo de constantes conflictos en base de su falta de respeto para el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, así como por las continuas preocupaciones en relación a los impactos negativos de la mina sobre los recursos de agua y la salud de las comunidades afectadas.
El pasado mes de mayo, Quelvin Jiménez, del Parlamento Xinka, presentó una apelación con el apoyo legal de calas, en la que alegaba la falta de proceso debido en torno a una queja que había interpuesto en contra de la licencia de la empresa, antes de que la misma fuese concedida el 3 de abril de 2013. El Parlamento xinca, el Comité en Defensa de la Vida y la Paz San Rafael Las Flores y el Consejo Diocesano para la Defensa de la Naturaleza de Santa Rosa respaldaron el proceso de apelación.
La Corte de Apelaciones dictaminó a favor de Jiménez, ordenando al Ministerio de Energía y Minas que atendiera adecuadamente su queja, basada en la preocupación existente respecto a los impactos negativos que la mina de plata de Tahoe, actualmente en construcción, tendría en los recursos de agua del área de Escobal, cercana a este proyecto.
Rafael Maldonado, abogado de calas, comentó: “Es una sentencia histórica a favor de los derechos de los guatemaltecos. Esta decisión significa la suspensión de la licencia de explotación de Tahoe Resources, lo cual evitará que la empresa ponga la mina en operación.”
Desde noviembre de 2011, Jiménez y más de 200 habitantes de las comunidades afectadas presentaron objeciones formales frente a la solicitud de licencia que Tahoe realizara al Ministerio de Energía y Minas. Menos de una hora antes de que el Ministerio anunciara que había otorgado la licencia a Tahoe, Jiménez y las demás personas fueron notificados de que sus objeciones habían sido desestimadas.
Jiménez considera que la decisión más reciente constituye una señal de esperanza para las comunidades afectadas, en las que las tensiones se habían agudizado durante los últimos meses. Durante una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado miércoles, Jiménez comentó, “Lo único que la mina de Escobal está produciendo actualmente es conflicto en el área.”
La mina Escobal de Tahoe Resources ha estado sumergida en controversias, debido a la significativa oposición comunitaria y al surgimiento de brotes de violencia, el más reciente de los cuales fue vinculado a personal de la empresa. El gerente de Seguridad de la mina, Alberto Rotondo, se encuentra bajo arresto domiciliario hasta la realización del juicio en torno a su supuesta participación en los tiroteos del 27 de abril contra las personas que protestaban en las afueras de la mina, los cuales dejaron a seis personas heridas.
Hasta 2010, Goldcorp era propietaria de la mina de plata Escobal y, actualmente, retiene 40% de las acciones comunes de Tahoe Resources. La mayoría de los directivos de Tahoe tiene vínculos actuales o anteriores con la productora de oro Goldcorp, cuya mina Marlin, localizada en el noroeste de Guatemala, ha sido el motivo de constantes conflictos en base de su falta de respeto para el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, así como por las continuas preocupaciones en relación a los impactos negativos de la mina sobre los recursos de agua y la salud de las comunidades afectadas.
25 de julio de 2013
Traducción hecho por MiningWatch. Lea el comunicado de prensa en inglés aquí.
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