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| Graham Hunt |
El 29 de abril de 2011, más de 3,000 personas, en su mayoría representantes de organizaciones indígenas y campesinas del interior del país, desfilaron por las calles capitalinas para manifestar de nuevo su desapruebo al reglamento de las consultas comunitarias promovido por el gobierno de turno por medio de una propuesta de ley
anteriormente presentada. En encuentros con oficiales estatales, los delegados comunitarios presentaron un
emplazamiento justificando su rechazo al reglamento y esbozando una serie de exigencias, entre ellas la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y la realización de una reforma agraria comprensiva. El 28 de abril, como se documentó en el
sitio web del Comité de Unidad Campesina (CUC), varias organizaciones bloquearon durante horas las carreteras principales en orden a presionar al gobierno para que escuchara sus exigencias.
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| Graham Hunt |
El 11 de abril, según el
sitio web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, "La Comisión Presidencial para la Redacción del Reglamento de las Consultas Comunitarias de los Pueblos Indígenas del Convenio 169 del OIT, amplio [sic] hasta el 30 de mayo del año en curso el plazo para recibir propuestas y modificaciones al proyecto de dicho reglamento." El plazo se prorrogó, de acuerdo con el sitio web, ". . . con la finalidad que la población guatemalteca pueda dar sus comentarios y tomar parte en este importante convenio." Refiriéndose a los canales mediante los cuales pueden entregarse críticas de torno a la propuesta de ley, el sitio web manifiesta que "Cabe indicar que todos los comentarios o sugerencias pueden presentarlo por escrito al Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Previsión Social."
En un
amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 23 de marzo, representantes de 25 municipios en donde se han celebrado consultas comunitarias exigieron que se suspendiera el intento de reglamentar las consultas comunitarias, alegando que el mecanismo establecido para que las partes interesadas pudieran opinar sobre la propuesta era inadecuado y, por lo tanto, que el intento de aprobar la ley, en sí, viola el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado tal como lo define el Convenio 169 de la OIT. La Corte de Constitucionalidad aún no se ha pronunciado al respecto.
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| Graham Hunt |
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Frente a las instalaciones de la Embajada Canadiense, representantes del municipio de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, hablaron de los efectos de la mina de oro en sus comunidades. San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa son los dos municipios en donde se ubican de las operaciones de la Mina Marlin I, propiedad de Montana Exploradora, subsidiario de la empresa canadiense Goldcorp. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una instancia de la Organización de Estados Americanos, otorgó medidas cautelares a favor de varias comunidades en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, ordenando que el gobierno de Guatemala suspendiera las actividades de la mina Marlin I hasta que se establezca independientemente que las operaciones de la mina no implican un riesgo significativo para la población local. Hasta la fecha, las operaciones de la mina no han sido suspendidas.
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| Graham Hunt |
El desfile también paso frente a la Embajada de los Estados Unidos y las instalaciones de Cementos Progreso, una compañía Guatemalteca que opera una controvertida planta productora de cemento en San Juan Sacatepéquez, al occidente de la Ciudad de Guatemala.
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| Graham Hunt |
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| Un integrante del Comité Campesino del Altiplano pasa por las cercanías de una venta de textos legales, entre otros la Ley de Minería, cerca de la Corte Suprema de Justicia en la Ciudad de Guatemala. La ley estipula que las empresas mineras transnacionales operando en suelo guatemalteco deben pagar tan solo el 0.5% de sus ganancias a los municipios en donde operan y el 0.5% al gobierno nacional en regalías. Graham Hunt |
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| Los manifestantes instaron nuevamente que la Corte de Constitucionalidad interviniera para suspender el intento de reglamentar las consultas comunitarias. Graham Hunt |
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| Graham Hunt |
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| En la Plaza de la Constitución, los manifestantes prendieron fuego a piñatas etiquetadas con los nombres de antiguos líderes comunitarios quienes han pasado a ocupar puestos en el gobierno y quienes, según los manifestantes, han traicionado a las comunidades que supuestamente representan al colaborar con las empresas transnacionales. Graham Hunt |
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| Los manifestantes exigieron que se les admitiera al Palacio Nacional, tras haber pedido una audiencia con oficiales del gobierno a la Casa Presidencial. Les fueron negadas las dos peticiones. Graham Hunt |
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